En el Municipio de Ituzaingó estamos construyendo una Asamblea Socioambiental junto a pobladorxs de distritos aledaños. Se trata de un espacio plural y multiactoral que tiene como finalidad impulsar acciones concretas en defensa del territorio frente a distintas formas de extractivismo -entendido como la apropiación y mercantilización de los bienes comunes naturales-, y particularmente frente a la avanzada de los procesos urbanísticos y de expansión inmobiliaria en el distrito.
Ituzaingó, municipio del oeste del conurbano bonaerense, se caracteriza históricamente por sus particularidades naturales: su impronta verde, la extensión del arbolado público, sus espacios abiertos y cierto “aspecto de pueblo” que aún conserva. Con más de 150 años de historia, el distrito posee una importante trayectoria en materia ambiental y cuenta con espacios verdes y zonas ecológicamente protegidas que constituyen parte central de la vida cotidiana de sus pobladores.
Sin embargo, estas características también configuran al municipio como un territorio permanentemente disputado por el extractivismo urbano. Allí se tensionan, por un lado, las políticas ambientales que se despliegan a nivel local —vinculadas a la separación y recolección de residuos, el cuidado del arbolado público o las capacitaciones ambientales destinadas a instituciones educativas y de salud— y, por otro, la presión que ejercen los sectores inmobiliarios en su búsqueda de acumular excedentes mediante la apropiación y privatización del suelo.
Esta contradicción se expresa con claridad en el hecho de que, mientras desde el municipio se promueven narrativas de “sustentabilidad” o “sostenibilidad” —muchas veces despolitizadas y desvinculadas de los conflictos territoriales concretos—, simultáneamente se legitima el avance de emprendimientos inmobiliarios sobre barrios históricamente configurados por su aspecto natural: Los Cardales, Villa Ángela, Villa Udaondo, Villa Ariza, Villa Alberdi, Parque Leloir, El Jagüel, Barrio Nuevo, entre otros, conforman una estructura ecológico-natural fundamental para la reproducción de la vida en el territorio.
La contaminación de la cuenca del Río Reconquista, el entubamiento y abandono de lo que queda del humedal Arroyo Soto, así como el crecimiento sostenido de proyectos inmobiliarios sobre la avenida Martín Fierro en Parque Leloir y Villa Udaondo, dan cuenta de estas contradicciones propias del Estado y de la tensión entre fortalecer un supuesto “desarrollo” o “progreso” —que se presenta como beneficioso para todxs— y un modelo que, en la práctica, favorece a unxs pocxs en función de la lógica de los negocios y las inversiones privadas.
La Asamblea se sitúa en este escenario buscando construir y desplegar estrategias comunitarias, democráticas y verdaderamente sustentables, orientadas a revalorizar nuestros entornos naturales y los espacios cotidianos donde se desarrolla la vida. Apostamos a colocar la vida en el centro, alejándonos de lógicas mercantilizadas y cosificadas de comprender las territorialidades y el sustrato biológico que las compone, del cual dependemos como seres eco-dependientes.
Esto implica “tejer” redes territoriales capaces de fortalecer prácticas vinculadas a la agroecología, los saberes indígenas y ancestrales que nos anteceden, lo comunitario, la ética del cuidado y la democratización de las decisiones sobre los espacios que habitamos. Entendemos que las disputas ambientales son también disputas culturales, políticas y civilizatorias respecto de cómo queremos vivir y reproducir la vida en común.
En este sentido, estamos articulando con distintos espacios sociales, comunitarios, civiles, políticos y culturales que forman parte del entramado territorial. Al mismo tiempo, sostenemos una postura de autonomía basada en la modalidad asamblearia y democrática, diferenciándonos de los lineamientos político-partidarios preestablecidos desde los cuales muchas veces se aborda la cuestión ambiental a nivel local (o no).
Por otra parte, el surgimiento de este espacio no puede comprenderse por fuera del conflicto actual en torno al cierre del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), sino como condición-efecto de dicho conflicto ante las preocupaciones que de este proceso derivan. Muchxs de quienes hoy integramos la Asamblea participábamos previamente de las propuestas agroecológicas impulsadas desde este organismo: capacitaciones, entrega de semillas e insumos, creación de huertas comunitarias y ecoferias, entre otras iniciativas.
La Estación Experimental Agropecuaria AMBA del INTA constituyó una unidad clave orientada a la agricultura urbana y periurbana, desarrollando tareas de investigación en producción agroecológica, extensión rural, capacitación técnica y comunitaria, y articulación con municipios y organizaciones sociales. A través del histórico programa ProHuerta se promovían prácticas vinculadas a la soberanía alimentaria y la agricultura familiar a pequeña escala, con un fuerte componente educativo y comunitario.
Más allá de facilitar condiciones materiales para el desarrollo de experiencias agroecológicas alternativas al agronegocio y al modo hegemónico de producir, distribuir y consumir alimentos, el INTA también posibilitaba condiciones subjetivas para la construcción de otras formas de habitar el territorio. Allí se generaban conocimientos críticos, vínculos comunitarios e intercambios de saberes que fortalecían experiencias colectivas y modos alternativos de reproducción de la vida.
Durante 2025 comenzó a gestarse el cierre de la Estación Experimental, que finalmente se concretó entre febrero y marzo de 2026. A pesar de las distintas estrategias de visibilización del conflicto —como el abrazo simbólico al INTA, campañas públicas y amparos judiciales— se avanzó con el cierre de agencias de extensión y oficinas territoriales, desarticulando proyectos comunitarios y destruyendo espacios construidos durante años de trabajo colectivo.
Esto dejó en situación de profundo despojo a quienes utilizaban y sostenían cotidianamente estos espacios, muchxs de lxs cuales dependían de ellos para producir alimentos sanos y sin agrotóxicos, destinados tanto al auto-consumo como a la comercialización directa entre productorxs y consumidorxs. El cierre implicó la pérdida de asistencia técnica, la interrupción de investigaciones, el debilitamiento de redes comunitarias y un fuerte impacto sobre experiencias de economía social como cooperativas y ferias populares, profundizando la precarización de la vida en la que nos encontramos como país, pero fundamentos como continente en el marco de una coyuntura historica.
Existe una fuerte especulación inmobiliaria sobre estas tierras debido a su ubicación estratégica y al valor económico que adquieren por encontrarse en entornos naturales altamente cotizados y “cualificados”. Sabemos que vienen por esas tierras para transformarlas en nuevos negocios destinados a generar ganancias para unxs pocxs, en detrimento del ecosistema y de las poblaciones que allí habitan, esto nos coloca en estado de preocupación y de alerta dada la distorsión del paisaje, la deforestación, la urbanización acelerada y los costos que puede implicar este avance para las poblaciones y el humedal Arroyo Soto, entre otras.
Frente a esto, nos estamos organizando. Estamos “tejiendo” aquello que intentan destejer: reconstruyendo vínculos, redes y formas comunitarias que durante años se sostuvieron con trabajo, compromiso y pasión. Con esta nota queremos expresar que estamos presentes; que las poblaciones cada vez nos “vamos menos al mazo” frente al saqueo de nuestros territorios y ecosistemas; y que nos estamos organizando colectivamente para hacer frente a cualquier medida que afecte nuestros espacios de vida y nuestra cotidianeidad.
Necesitamos infraestructura de calidad, mejores condiciones de salud y educación pública, transporte accesible y eficiente, pero también —y fundamentalmente— políticas reales, orientadas al cuidado, preservación y fortalecimiento de los entornos naturales que nos rodean. Políticas que no responsabilicen y moralicen a las poblaciones de una degradación ambiental que no generan. No queremos proyectos que profundicen la concentración de beneficios en manos de unxs pocxs a costa de degradar el territorio y las condiciones de vida de las mayorías, aumentando aún más la brecha urbana entre quienes acceden a barrios y viviendas de calidad y con cualificación, y quienes se encuentran segregados en espacios donde la reproducción de la vida se complejiza aún más.
Agradecemos profundamente a las asociaciones civiles barriales, espacios comunitarios, agrupaciones, vecinxs, trabajadorxs del INTA, productorxs, educadorxs y a cada persona que se suma a esta propuesta colectiva que comienza a construirse “desde abajo”, con el horizonte de defender nuestro querido Ituzaingó: la “Córdoba chica” y “pulmón del oeste”.
